jueves, 24 de marzo de 2011

La Audiencia Nacional anula la orden ministerial del canon que regula los soportes digitales

EL CANON DIGITAL

La Audiencia Nacional ha declarado nula la orden ministerial sobre el canon digital que regula desde 2008 los soportes digitales sujetos al pago de esta tasa por copia privada y las cuantías en cada uno de ellos.

En su resolución, la sala de lo Contencioso-Administrativo justifica su decisión diciendo que la orden ministerial que lo regula es un reglamento y que, por tanto, su aprobación requeriría determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron.
La Audiencia considera que la orden está afectada "de vicio radical", aunque rechaza "por falta de competencia" la pretensión de los recurrentes, entre ellos la Asociación de Internautas, de que se devuelva lo recaudado por el canon.
Con la orden ministerial sobre el canon digital, aprobada en junio de 2008, se pretendía compensar a los autores por los ingresos de dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes susceptibles de almacenar cualquier tipo de creación. Los recurrentes argumentan que la orden vulneraba la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual, y sostenían que el canon daña principios como el de igualdad ante la ley, la libertad de empresa, el libre acceso a la cultura y la ciencia o la defensa de los intereses de las organizaciones profesionales.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado octubre que el sistema aplicado en España "no era conforme" al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas o profesionales para fines distintos a la copia privada, aunque reconocía su legalidad en el caso de los particulares con independencia del uso que den a estos artículos.
La Audiencia de Barcelona fue la primera en aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y, el pasado 3 de marzo, dictaminó que la tienda de informática Padawan estaba exenta de reclamar el gravamen que le exigía la SGAE por la venta de soportes digitales.
Para adaptarse al derecho comunitario, el Gobierno está estudiando una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses. De hecho, desde mediados de enero, dos grupos de trabajo, uno centrado en derechos reprográficos y otro en derechos audiovisuales y fonográficos, buscan posibles soluciones para adecuar el canon digital a la normativa comunitaria

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